Aurea Soto trabaja como funcionaria en el Concello de Vigo
desde 1975. En 1989 se presentó a una plaza para ascender de
delineante a jefe de grupo de la inspección técnica de obras. Ganó la
plaza, pero no fue hasta 1990 cuando se le comunicó que podía comenzar a
desempeñar sus funciones.
Es ese año cuando comienza su calvario, al comprobar que su
trabajo lo estaban realizando sus subordinados y que de ellos es
de quien recibe órdenes. Unas órdenes que también llegan de sus
superiores, porque según asegura «a mis compañeros no les gustaba que me
hubiesen dado a mí la plaza».
Con
el paso del tiempo todo se complicó. Empezaron a prohibirle utilizar el
teléfono y llegaron incluso a colocar por las paredes folios en los que
sus compañeros se mofaban de la situación.
Tras poner el caso en conocimiento del departamento de personal, le
aseguraron que abrirían diligencias. Pero, según Áurea,
«la investigación nunca llegó a realizarse».
Por ello, en 2004 puso una demanda por daños psicológicos,
que fue desestimada. Según explica, la magistrada reconoció un «clima
incómodo» en el trabajo, pero no mala intención por parte de sus
compañeros. Tras recurrir la sentencia, el pasado mes de febrero el
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia explicó que «la recurrente está
disconforme con su situación».
Empezaron a prohibirle utilizar el teléfono y llegaron incluso a colocar
por las paredes folios en los que sus compañeros se mofaban de la
situación
Pero la situación fue a peor hace diez días. Después de cinco meses de
baja por accidente, el lunes 11 de junio, al incorporarse al trabajo, le
comunicaron que había sido traslada al departamento de Patrimonio
Histórico. Al llegar a su nuevo destino comprobó que allí «no
tienen sitio para mí y tampoco trabajo. Cobro un sueldo de
funcionaria por estar leyendo el periódico».
Así las cosas, Aurea se pasa su jornada laboral «en un hueco que me han
hecho en una mesa de una sala de juntas».
Tres casos de acoso a la semana
La Asociación Gallega Contra el Maltrato en el Trabajo (Agacamt)
atiende cada semana a una media de tres personas en Vigo. El 60%
de las llamadas que recibieron en 2006 fueron de mujeres porque
según su presidenta Eva Ventín «todavía se nos ve como intrusas en el
mercado laboral».
Sin embargo, sólo dos de cada 100 denuncias que llegan
al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resultan favorables para el
trabajador.
